La presente obra es el resultado de las investigaciones llevadas a cabo por el equipo investigador de un ambicioso proyecto de investigación coordinado por Carlos Espaliú Berdud, titulado "La securitización de la lucha contra la inmigración irregular en el Mediterráneo por parte de la UE y España: un enfoque multidisciplinar" y concedido por el Centro Universitario de la Guardia Civil en junio de 2025. La mayor parte de los investigadores forman parte del Observatorio Tomás Moro de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU Fernando III y del grupo de investigación de Relaciones Internacionales, Seguridad y Defensa de esta universidad. Otros investigadores son miembros de la Guardia Civil o profesores de varias universidades españolas y extranjeras, como la Universidad de Nebrija, de Madrid; la Universidad Complutense de Madrid; la Universidad para la paz de las Naciones Unidas, en Costa Rica; la Universidad Nacional a Distancia; la Universidad Francisco de Vitoria, de Madrid, etc.
Este esfuerzo académico surge ante la necesidad de analizar, de manera holística, un fenómeno que ha transformado la arquitectura institucional y jurídica de la Unión Europea y de sus Estados miembros. La hipótesis que vertebra este volumen sostiene que, si bien el enfoque securitizador ha logrado resultados eficaces en la reducción cuantitativa de flujos tras la crisis de 2015, dichas medidas han sido mayoritariamente coyunturales, sin lograr atajar las causas estructurales del fenómeno y generando, a menudo, tensiones con el respeto a los derechos fundamentales.
El punto de partida necesario para comprender esta transformación es el análisis de la percepción institucional de la seguridad en España. En su estudio sobre "El Mediterráneo en las «Estrategias de Seguridad Nacional» del gobierno de España: elementos de continuidad y de cambio en la percepción de la inmigración irregular", la profesora Teresa Sánchez González documenta cómo el fenómeno migratorio ha pasado de ser un factor puramente contextual y vinculado a la pobreza en 2011, a integrarse en 2021 dentro de un sistema de riesgos interconectados que incluye las amenazas híbridas, el cambio climático y el crimen organizado. Esta evolución refleja una "excepcionalidad normalizada" en la gestión de las fronteras, donde la seguridad nacional se convierte en el prisma principal de interpretación de la movilidad humana.
Esta tendencia no es exclusiva de España, sino que define el presente de la Unión Europea. Como bien señala Juan Manuel Goig Martínez en "Un presente errático en la política migratoria de la Unión Europea: dos Europas ante los procesos migratorios. Inmigración, seguridad, y derechos humanos", nos encontramos ante una profunda brecha política en el seno de la Unión. Por un lado, una Europa que defiende los valores fundacionales y la solidaridad; por otro, un grupo creciente de Estados que priorizan la defense de su seguridad interior a través de políticas restrictivas y de policía de fronteras. Este conflicto ha cristalizado normativamente en el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, analizado por Adela María Alija Garabito en su capítulo "Controversias, percepciones en disputa y securitización de la migración en la Unión Europea". Adela Alija concluye que este paquete legislativo, lejos de suponer un reequilibrio, institucionaliza y profundiza la lógica securitaria dominante, planteando serias dudas sobre su compatibilidad con el derecho internacional de los refugiados al priorizar los controles biométricos y los procedimientos acelerados de retorno.
Un elemento disruptivo en este escenario es la aparición de lo que se ha denominado "agresión híbrida". Manuel Marín Gastón, en su trabajo "El uso de migrantes como arma: ¿cambio fundamental para suspender el derecho de asilo?", analiza cómo actores estatales como Rusia o Bielorrusia han instrumentalizado deliberadamente los flujos migratorios para obtener concesiones políticas. Marín explora si este fenómeno justifica la suspensión de obligaciones internacionales bajo el principio de rebus sic stantibus (art. 62 de la Convención de Viena), concluyendo que la protección frente a la tortura y el principio de non-refoulement son normas de ius cogens que no pueden ser orilladas incluso ante estas nuevas amenazas.
Esta tensión entre seguridad y legalidad se manifiesta con especial crudeza en las fronteras terrestres. Bernardino Pardo González, en "Normativa aplicable en fronteras exteriores: Legalidad, Mitos y Realidades", aporta una visión desde la experiencia operativa en la frontera de Melilla. Su análisis defiende la legalidad de las actuaciones de la Guardia Civil y propone la simplificación de los procedimientos de readmisión basados en acuerdos bilaterales con Marruecos, cuestionando el mito de que la mera presencia física en territorio nacional implique una entrada jurídica efectiva. No obstante, esta interpretación choca con el debate sobre los pushbacks o devoluciones en caliente. En su estudio "Pushbacks, jurisdicción y conflictos híbridos: El TEDH frente a las nuevas fronteras del derecho internacional", Borja Montes Toscano examina la evolución jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Montes advierte que sentencias recientes, como la de la Gran Sala en el asunto N.D. y N.T. c. España, han introducido la doctrina del "comportamiento propio" del migrante, lo que podría estar debilitando la protección efectiva frente a las expulsiones colectivas en zonas grises de la jurisdicción.
Para gestionar este entorno de seguridad cada vez más complejo, la Unión Europea ha apostado decididamente por la tecnificación del control fronterizo. Francisco Javier Delgado Arenas detalla este proceso en "Fronteras inteligentes: cómo la tecnología redefine la seguridad en el Mediterráneo". El autor describe cómo el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) ha evolucionado hacia un ecosistema de drones, radares de alta precisión y vigilancia satelital que desplaza la frontera física hacia una gobernanza algorítmica y predictiva de los flujos. Complementando esta visión, Enrique Manuel Puerta Domínguez, en su capítulo "Posición de la Unión Europea relativa al uso por los Cuerpos de Seguridad de la tecnología de reconocimiento facial (TRF) y defensa del flanco sur europeo", aborda los desafíos éticos y jurídicos de la biometría. Enrique Puerta enfatiza que el uso de estas tecnologías debe estar estrictamente regulado por la Ley de Inteligencia Artificial de la UE, evitando sesgos discriminatorios y garantizando un equilibrio entre la eficacia policial en la lucha contra las mafias y la protección de datos personales.
La lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito es, precisamente, uno de los argumentos centrales para justificar la inversión tecnológica. Luis Villar Fidalgo, en "Alternativas frente a la trata de personas en las migraciones irregulares del Mediterráneo: Políticas, Sistemas, Big Data, Machine Learning e IoT", investiga cómo la inteligencia artificial puede detectar redes criminales. Luis Villar demuestra que técnicas de procesamiento de lenguaje natural aplicadas a anuncios en línea logran una efectividad superior al 90% en la detección de redes de explotación sexual y laboral, aunque advierte sobre los riesgos de vigilancia masiva que conlleva este escrutinio digital.
Desde la vertiente económica, la obra desmonta la visión de la migración como un proceso caótico para entenderla como un mercado ilícito resiliente. Enrique Carvajal Zaera aplica el "Business Model Canvas (BMC) para el análisis del modelo de negocio de las mafias de migrantes en el Mediterráneo", demostrando que estas redes operan con una racionalidad empresarial asombrosa, con estructuras horizontales, división del trabajo y una capacidad de adaptación "uberizada" a los cambios en la vigilancia. En una línea similar, Mar Parejo Alcázar, en "La migración irregular, un mercado ilícito con particularidades: Una mirada atenta al lado de la oferta y el precio como variable endógena", sostiene que la securitización actúa como un factor de valorización del negocio ilícito. Mar Parejo argumenta que el endurecimiento de los controles eleva la prima de riesgo y, por ende, el precio del tránsito, lo que genera beneficios extraordinarios para los traficantes sin disuadir a una demanda que es estructuralmente inelástica debido a la falta de vías legales.
Este proceso de securitización ha conllevado, además, una progresiva privatización de la gestión migratoria. Carlos Francisco Sánchez Cortines analiza en su trabajo "El papel de las empresas militares de seguridad privada y empresas de seguridad privadas en la gestión de la inmigración irregular en el Mediterráneo" cómo funciones tradicionalmente reservadas al Estado, como la custodia en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y los CETI, han sido delegadas en operadores privados. Carlos Francisco Sánchez Cortines alerta sobre la fragmentación de responsabilidades y la opacidad contractual que esta "coacción delegada" genera, dificultando el control democrático y judicial.
Un eje fundamental de la estrategia europea es la externalización de las fronteras. Jordi Regí Rodríguez examina este fenómeno en su capítulo "Externalización de fronteras: una estrategia de proyección de seguridad más allá del territorio europeo". Jordi Regí explica cómo la UE proyectos su soberanía mediante el "control remoto", convirtiendo a países como Libia, Turquía o Marruecos en guardianes de facto a cambio de asistencia financiera y legitimidad política, lo que crea zonas de impunidad donde el cumplimiento de los estándares europeos de derechos humanos es, a menudo, inexistente.
Las relaciones bilaterales son una pieza clave en esta arquitectura de externalización. Carlos López Gómez ofrece una perspectiva histórica en "Diplomacia y alambradas. La cuestión de las migraciones en las relaciones hispano-marroquíes: una mirada histórica", analizando cómo Marruecos ha utilizado históricamente el control de los flujos migratorios como una herramienta de presión geopolítica (weaponization) para obtener concessions en el contencioso del Sáhara Occidental o sobre las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Frente a la lógica del control, la obra también explora la necesidad de un enfoque centrado en la persona y en la integración. Isabella Petroz aborda una dimensión a menudo olvidada en su trabajo "Derechos Lingüísticos y Migrantes: Nuevas minorías en el marco jurisprudencial europeo". Isabella Petroz sostiene que la protección de la lengua de origen es un derecho fundamental vinculado a la dignidad humana, y propone un modelo de protección para estas "nuevas minorías" que facilite una integración real frente al paradigma de la asimilación forzada.
Para entender por qué el control fronterizo no logra reducir los flujos, Jorge Hernando Cuñado propone, en "Demanda migratoria, securitización y mercados ilícitos en el Mediterráneo: un enfoque sistémico", un cambio de paradigma analítico. Jorge Hernando sostiene que la migración es un sistema complejo adaptativo; cuando se cierra una ruta, el sistema no colapsa, sino que se reorganiza y los flujos se desplazan, demostrando que las políticas centradas exclusivamente en la oferta (la contención) están destinadas al fracaso si no se gestiona la demanda estructural.
Finalmente, la obra ofrece una mirada a las experiencias internacionales para identificar posibles buenas prácticas. Juan Carlos Sainz Borgo, en su capítulo sobre "Las políticas de cooperación en América Latina en relación con la migración venezolana del siglo XXI", analiza el Proceso de Quito. A diferencia de la rigidez europea, este mecanismo regional se basa en medidas de mutua confianza y cooperación técnica ante la falta de colaboración del Estado de origen, ofreciendo un modelo de gobernanza migratoria flexible y no vinculante que prioriza la asistencia humanitaria y la regularización.
En conclusión, este volumen coordinado por el Dr. Carlos Espaliú Berdud demuestra que la securitización de la lucha contra la inmigración irregular ha configurado una "Europa Fortaleza" tecnológicamente avanzada pero éticamente cuestionada. La interdisciplinariedad de los autores permite concluir que la gestión de las fronteras no puede desvincularse de la protección de los derechos humanos ni de un abordaje honesto de las causas que impulsan a miles de personas a cruzar el Mediterráneo cada año.