Un acuerdo como el Acuerdo de comercio y cooperación entre la UE y el Reino Unido firmado el 30 de diciembre de 2020, que trata de tantas cosas y que deja tantas otras por desarrollar en el futuro, corre el riesgo de que algunas de sus disposiciones, algunos de los mecanismos que contempla, o algunas de las acciones que posibilitan no sean conformes con el Derecho de la UE. Esta posibilidad que produciría efectos negativos tanto dentro del Ordenamiento jurídico de la UE, como respecto de las obligaciones de la Unión en el ámbito del Derecho internacional, lleva a preguntarse sobre la existencia de alguna vía judicial que permita el control de este Acuerdo. Esta cuestión es la abordada en la presente monografía, donde se examina tanto la viabilidad de un control previo de compatibilidad del Acuerdo con el Derecho de la UE a través de la competencia consultiva del TJUE (art. 218.11 TFUE), como la de un control que se produciría, llegado el caso de su entrada en vigor, a posteriori, bien a través de un procedimiento contencioso (incumplimiento, arts. 258-259 TFUE; anulación, art. 263 TFUE) o de un procedimiento prejudicial de apreciación de validez (art. 267.b TFUE).