Las competencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional le atribuyen la condición de órgano de aplicación del Derecho internacional de primer orden.
La primera parte de la obra se dedica a los problemas generales de la aplicación del Derecho internacional en el Derecho interno, y está compuesta de tres capítulos. En el capítulo I, el Profesor Pastor Palomar presenta selectivamente la Ley 25/2014 de tratados y otros acuerdos internacionales, poniendo el foco en los criterios que debe utilizar el órgano de aplicación para la calificación y distinción de un acuerdo internacional dentro de la triple tipología de acuerdos internacionales celebrados por España, los tratados, los acuerdos administrativos y los acuerdos no normativos. Puede destacarse, por ejemplo, el control de convencionalidad que correspondería realizar a un tribunal español acerca de un acuerdo administrativo que ejecute un tratado. En el capítulo II, el Magistrado Javier Eugenio López Candela analiza, en primer lugar, si existe una actividad propiamente política del Gobierno en materia de política internacional, no fiscalizable ante los Tribunales de la Jurisdicción contencioso-administrativa. En segundo lugar, se examina la aplicación que han hecho tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo de las fuentes del Derecho internacional. Por último, se considera la jurisprudencia española relativa a las posibles zonas de fricción entre el Derecho internacional y el Derecho de la Unión Europea. El Magistrado Jesús Nicolás García Paredes cierra esta primera parte con el capítulo III, en el que se estudia el caso concreto de las normas fiscales en el marco de lo que puede considerarse como un régimen especial del Derecho internacional, el Derecho de la Unión Europea.
La segunda parte de la obra concierne a la posición del individuo en el Derecho internacional en relación con el Derecho español. El Profesor Pastor Ridruejo realiza en el capítulo IV una evaluación general del sistema desde una perspectiva axiológica, y destaca la necesidad de tener en cuenta la existencia de los valores, confrontando esos valores con la soberanía del Estado en relación con el problema de los movimientos migratorios. Se alcanza la conclusión de que los intereses soberanos de los Estados están poniendo trabas a la completa penetración de esos valores en la realidad internacional. A continuación, el Magistrado Fernando Ruiz Piñeiro selecciona en el capítulo V algunos de los temas que más se están planteando ante los tribunales españoles sobre la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria; por ejemplo, los problemas de la solicitud en frontera, la ausencia de entrevista personal, la petición tardía desde la entrada de la persona en territorio nacional, la pertenencia a grupos organizados, o la orientación sexual del implicado. En el contexto normativo intervienen las obligaciones internacionales de España. Además, se plantea la tensión social y estatal ‘economía-asilo’, y se sugiere la necesidad de reformar el sistema. El capítulo VI, elaborado por la Abogada del Estado Ana Belén San Martín Ontoria, se basa en el estudio del reconocimiento por el Derecho de la Unión Europea y el Convenio Europeo de Derechos Humanos al acceso de los solicitantes de asilo a procedimientos de asilo efectivos, entre los que se incluya la posibilidad de suspender la expulsión mientras que esté en trámite un recurso. El interesante tema se concreta con el análisis de la Sentencia del Tribunal de Estrasburgo, de 22 de abril de 2014, asunto A.C. y otros contra España, a raíz de la demanda presentada por treinta personas que se declararon de origen saharaui y que alegaban que, de ser expulsados de España, Estado en el que habían solicitado el asilo, corrían riesgo de represalias por parte de las autoridades marroquíes por haber participado en los campamentos de protesta de GdeimIzik, desmantelado el 8 de noviembre de 2010. Finalmente, por lo que toca a la posición del individuo en el Derecho internacional, la Magistrada Ana Isabel Martín Valero, aborda en el capítulo VII el alcance de las funciones del Estado consistentes en la protección diplomática y en la protección consular (diferenciada de la asistencia consular), realizadas por los órganos del Estado encargados de las relaciones exteriores. De un lado, ante la ausencia de regulación legal en España de la protección diplomática, la autora acude a la jurisprudencia del Tribunal Supremo para establecer los principios sobre los que se puede articular la responsabilidad de la Administración española derivada del ejercicio de la protección diplomática. De otro lado, la autora repasa los supuestos que han ocupado a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, referidos a reclamaciones relativas a distintos aspectos de las funciones consulares, como la expedición de pasaportes y salvoconductos, la asistencia en caso de situación de necesidad, y finalmente, un supuesto de sustracción de menores por uno de los progenitores.
Por último, la tercera parte de la obra se dedica al régimen jurídico de los espacios marinos de España. En este contexto, el Magistrado José Alberto Fernández Rodera se interesa especialmente, en el capítulo VIII, por los límites al ejercicio del ius puniendi del Estado en las aguas del mar dentro de su soberanía o jurisdicción.